Los graves abusos contra los derechos humanos se mantuvieron en niveles elevados, sobre todo en zonas rurales, pese a la constante reducción de ciertos tipos de violencia asociada al prolongado conflicto armado interno de Colombia, en particular los secuestros y los homicidios. Todas las partes implicadas en el conflicto -las fuerzas de seguridad y los paramilitares respaldados por el ejército así como los grupos guerrilleros, sobre todo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), más pequeño- continuaron cometiendo abusos contra los derechos humanos y vulnerando el derecho internacional humanitario. Fueron responsables de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad.

Si bien descendió el número de personas que se vieron desplazadas por el conflicto, la cifra global de personas desplazadas seguía siendo elevada y preocupante. Hubo nuevos ataques contra sindicalistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, principalmente cometidos por grupos paramilitares. Continuaron los informes de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad, así como de homicidios selectivos de civiles y secuestros por parte de fuerzas guerrilleras.

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